Investigaciones corporativas, económico-financieras y técnicas, con informe apto para su aportación en juicio
Cuando una empresa necesita acreditar unos hechos —un fraude, una deslealtad, un patrimonio ocultado, una filtración de información— la diferencia entre una sospecha y una prueba está en cómo se obtiene. CEASI presta servicios de investigación privada a través de detectives privados, con metodología, respeto estricto a los límites que marca la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y un informe de investigación que puede aportarse como prueba ante juzgados y tribunales. A ello se suman las investigaciones técnicas: barridos electrónicos para detectar dispositivos de escucha y programas de prevención de escuchas.
Organizamos el servicio en tres líneas complementarias. Cada encargo se acepta tras verificar la legitimación de quien lo solicita, se planifica dentro del marco legal y se documenta en un informe que puede ratificarse en sede judicial.
Fraude interno, deslealtad, bajas fraudulentas, competencia desleal, fugas de información, propiedad industrial y fraude en seguros.
Ver servicios →Averiguación patrimonial, solvencia de contrapartes, ocultación de patrimonio, conflictos de interés y trazabilidad de fondos.
Ver servicios →Barridos electrónicos, detección de cámaras y dispositivos ocultos, inspección de líneas y vehículos, y prevención de escuchas.
Ver servicios →Averiguaciones en el ámbito laboral, mercantil y empresarial para acreditar conductas que perjudican a la empresa, con pruebas obtenidas de forma lícita y utilizables en un procedimiento.
Acreditación de apropiaciones, simulación de gastos, favoritismos con proveedores, uso indebido de medios de la empresa y otras conductas desleales, con prueba válida para medidas disciplinarias o acciones legales.
Comprobación de la actividad de trabajadores en situación de incapacidad temporal o ausencia cuando existen indicios de incompatibilidad, en espacios públicos y con respeto a su intimidad y a la proporcionalidad de la medida.
Investigación de empleados, agentes o socios que desvían clientes, trabajan para la competencia o incumplen pactos de exclusividad, no competencia o confidencialidad.
Identificación del origen y del canal de filtraciones de datos, planos, fórmulas o información estratégica, en coordinación con ciberseguridad y con nuestras investigaciones internas.
Localización de falsificaciones, productos pirata, usos indebidos de marcas y distribución no autorizada, con compras controladas y documentación de la cadena de venta para ejercer acciones legales.
Verificación de siniestros dudosos, lesiones y reclamaciones sospechosas para aseguradoras, corredurías y empresas, con aportación de pruebas sobre las circunstancias reales del hecho.
Comprobación de la veracidad de la formación, la trayectoria profesional y las referencias de candidatos, directivos y colaboradores clave, con base legal y las garantías de protección de datos aplicables.
Localización de testigos, deudores, herederos o personas en paradero desconocido para notificaciones, procedimientos judiciales y reclamaciones.
Recopilación y ordenación de pruebas para procedimientos laborales, mercantiles y civiles, y ratificación del informe ante el órgano judicial cuando se requiere.
Averiguaciones en el ámbito económico y mercantil para conocer la solvencia real de personas y sociedades, rastrear patrimonio y acreditar operaciones sospechosas, a partir de registros y fuentes accesibles legítimamente.
Localización de bienes inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros activos a partir de registros públicos y fuentes lícitas, para reclamaciones, ejecuciones de sentencia y recobro.
Informe previo sobre la situación económica, la trayectoria y la reputación de clientes, proveedores, socios e intermediarios antes de contratar o conceder crédito.
Detección de indicios de vaciamiento patrimonial, transmisiones sospechosas, sociedades interpuestas y otras maniobras para eludir pagos o responsabilidades.
Investigación de estafas, facturación falsa, suplantación de proveedores y fraude del CEO, rastreando el origen y destino de los pagos a partir de la documentación del cliente y la información accesible.
Mapa de vínculos societarios, familiares y económicos entre empleados, directivos y proveedores para detectar conflictos de interés, comisiones ilícitas o contratación con partes vinculadas.
Averiguaciones sobre actuaciones de administradores o socios contrarias al interés social, desvío de actividad o de clientes y conflictos societarios, como apoyo a acciones de responsabilidad.
Análisis de estructuras societarias complejas para identificar a las personas que están detrás de sociedades interpuestas, a partir de registros y fuentes públicas.
Localización del domicilio, la actividad y los activos de deudores para facilitar la reclamación y el recobro de impagos.
Análisis de movimientos y documentación contable aportada por el cliente, con apoyo pericial cuando el caso lo requiere, para cuantificar el perjuicio y respaldar la reclamación.
Inspecciones técnicas para detectar dispositivos de escucha, grabación y localización, y programas para prevenir que la información confidencial salga de la organización.
Inspección física y radioeléctrica de despachos, salas de reuniones y consejos de administración para detectar micrófonos, transmisores, grabadoras y otros dispositivos de escucha.
Rastreo con analizadores de espectro de las bandas habituales de transmisión (GSM, 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth y frecuencias analógicas) para localizar emisiones no autorizadas.
Localización de microcámaras y lentes ocultas, cableadas o inalámbricas, en techos, mobiliario, enchufes y objetos cotidianos.
Uso de detectores de uniones no lineales (NLJD) para localizar circuitos electrónicos ocultos aunque estén apagados, inactivos o no emitan señal.
Verificación de líneas, centralitas y cableado de red para detectar derivaciones, conexiones no autorizadas y dispositivos de interceptación.
Revisión de coches de empresa y de directivos para localizar balizas GPS, micrófonos y otros dispositivos de seguimiento o escucha.
Revisión de teléfonos y equipos de directivos para detectar programas espía, accesos no autorizados e indicios de intervención, con derivación al análisis forense cuando procede.
Diseño de protocolos para reuniones confidenciales: control de dispositivos, acceso a las salas, medidas físicas y recomendaciones para espacios de reunión protegidos.
Barridos programados según el nivel de riesgo y servicios bajo demanda antes de consejos, negociaciones o ante sospechas de filtración, con informe técnico de resultados y metodología.
Un barrido acredita el estado de un espacio en el momento de la inspección. Por eso se complementa con medidas de prevención y con revisiones periódicas o previas a las reuniones críticas.
Cada encargo sigue un procedimiento documentado, desde la verificación de la legitimación hasta el archivo, para que el informe resista su aportación en un procedimiento.
Verificamos que el solicitante tiene interés legítimo en el encargo y formalizamos un contrato por escrito con el objeto, el alcance y los límites de la investigación.
Valoramos la licitud y la proporcionalidad de cada técnica, la protección de datos aplicable y la estrategia de obtención de pruebas antes de iniciar el trabajo.
Ejecutamos las averiguaciones: observación en espacios públicos, consulta de registros y fuentes lícitas, entrevistas y, en su caso, inspecciones técnicas.
Redactamos un informe objetivo con los hechos, las fuentes, el material gráfico o audiovisual obtenido lícitamente y las conclusiones.
Entregamos el informe con la documentación de soporte y, si el procedimiento lo exige, el detective ratifica su contenido ante el órgano judicial.
Conservamos y suprimimos la información conforme a la normativa, con deber de reserva sobre el encargo y sobre las personas investigadas.
Tres garantías que distinguen nuestras investigaciones de las de un proveedor generalista.
Toda la actividad se desarrolla dentro de lo que permite la Ley 5/2014 de Seguridad Privada: no se penetra en domicilios ni en lugares reservados, no se interceptan comunicaciones y no se obtiene información por medios ilícitos. Si durante una investigación aparecen indicios de delito perseguible de oficio, se comunican a la autoridad competente.
La validez de una prueba depende de cómo se obtiene. Documentamos cada actuación, conservamos el material original y elaboramos informes objetivos que el detective puede ratificar ante el juzgado.
El encargo, los datos del cliente y la identidad de las personas investigadas están protegidos por el deber de reserva profesional. Los resultados solo se facilitan al cliente y, en su caso, a la autoridad o al órgano judicial.
La Ley 5/2014 de Seguridad Privada permite a los detectives privados obtener y aportar información y pruebas, por encargo de personas legitimadas, sobre hechos privados en los ámbitos económico, laboral, mercantil o financiero, entre otros, y sobre delitos solo perseguibles a instancia de parte. No pueden penetrar en domicilios ni en lugares reservados, interceptar comunicaciones ni investigar delitos perseguibles de oficio: si aparecen indicios, deben ponerlos en conocimiento de la autoridad competente.
El informe es un medio de prueba que el tribunal valora junto con el resto de las pruebas, y el detective puede ser citado para ratificarlo. Su valor depende de que la información se haya obtenido de forma lícita y de que esté bien documentada, por eso cada actuación se planifica y se registra desde el inicio.
Puede comprobar, a través de un detective privado, si la actividad que desarrolla en espacios públicos es compatible con la dolencia alegada. La medida debe ser proporcionada, basarse en indicios y respetar la intimidad del trabajador: no cabe seguimiento en el interior del domicilio. Cada caso se valora jurídicamente antes de actuar.
Es una inspección técnica de un espacio, vehículo o equipo para detectar dispositivos de escucha, grabación o localización. Conviene antes de reuniones estratégicas, tras una sospecha de filtración, en mudanzas de sede o cambios de personal clave, y con la periodicidad que determine el análisis de riesgo.
Un barrido acredita el estado de un espacio en el momento de la inspección. Por eso se complementa con medidas de prevención —control de acceso a las salas, protocolos de reunión y gestión de dispositivos— y con revisiones periódicas o previas a reuniones críticas.
Los detectives privados están sujetos a un deber de reserva profesional. Limitamos el círculo de conocimiento, formalizamos acuerdos de confidencialidad y solo entregamos los resultados al cliente y, cuando procede, a la autoridad o al órgano judicial.